Arnaldo Córdova
Todos los procedimientos que se siguen después de realizadas las elecciones acaban siendo actuaciones inútiles y gratuitas. No sirven para nada después de que se ha tomado la decisión de imponer a un candidato o candidatos.
El caso más dramático de la infuncionalidad institucional que padecemos lo representa la separación absurda que se establece entre los procesos de fiscalización de los gastos de campaña, que van hasta las calendas griegas, y el proceso de calificación de las elecciones por parte del TEPJF. Indagar los gastos de campaña puede tardar el doble o el triple del tiempo que se lleva la calificación, que tiene una fecha límite, el 6 de septiembre.
El resultado es que, por sucias que hayan sido las elecciones y por excesivo que haya resultado el dispendio de recursos, un candidato violador de la ley y de la misma Constitución queda indemne y, encima, se le premia reconociendo su triunfo.
¿Será capaz el TEPJF de anular estas elecciones fraudulentas y sucias? Nadie puede creerlo, pero no porque las pruebas del fraude sean débiles o inconsistentes, sino porque nuestras instituciones no pueden funcionar apegadas a la ley.
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http://www.jornada.unam.mx/2012/08/19/opinion/013a1pol
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